Ateneo Libertario Al Margen

Datos engañosos sogre la regularización de inmigrantes del PSOE

Según datos oficiales aportados por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), Carmen Alcalde, en abril del 2005 había en el estado español 1,5 millones de trabajadores en la economía sumergida, es decir, sin regularizar. Según el propio gobierno, las solicitudes aprobadas son poco más de 500.000, lo que significa que faltando por resolver aproximadamente un 15 % de las solicitudes, quedarán en la clandestinidad cerca de 1 millón de personas, sujetas a todo tipo de abusos, explotación y persecución policial.El ministro Caldera afirma que quedarán sin regularizar 120.000 inmigrantes. Estos datos engañosos son parte de una campaña destinada a convencer a la opinión pública que este problema no existe, y si existe, sólo perjudica a unos pocos.

El gobierno, apoyado por los empresarios, los principales partidos políticos, los sindicatos mayoritarios, y en Cataluña, por el tripartito, le dijo a la sociedad que el objetivo de este proceso era combatir la economía sumergida, pero lejos de esta misión, dejó en manos de los patronos la facultad de decidir a quién se regularizaba y a quién no.

El resultado fue el siguiente:

1.- Debido a los requisitos de la ley, la gran mayoría de los inmigrantes “sin papeles” ni siquiera pudo presentar la solicitud.

2.- Miles y miles de ellos fueron despedidos por la negativa de sus patronos a regularizarlos.

3.- Y muchos otros se han visto obligados a pagar grandes sumas a sus patronos para poder presentar un contrato, por no decir, que se han creado incluso empresas fantasma para hacer negocio de ello.

Entonces nos preguntamos: ¿como puede ser que existiendo mas de un millón de inmigrantes sin regularizar y parte de ellos ocupando trabajos en negro, el gobierno de cómo solución los contratos en origen? Todos sabemos que estos contratos son engañosos porque no se cumplen las condiciones pactadas al llegar a nuestro país y la administración no realiza ningún tipo de control, y más sabiéndose que la mayoría de estos contratos son “comprados” en el propio paísde origen (otro engaño).

Por todo ello nos sorprende que no se solucione el problema en nuestro país, existiendo una bolsa importantísima de trabajadores cualificados para diversos trabajos y que ya están siendo cubiertos por los propios inmigrantes no regularizados.

El gobierno cómplice

Esta realidad sólo se puede explicar por el interés del gobierno, respondiendo a intereses empresariales, en mantener a un alto número de trabajadores/as en condiciones de sobreexplotación en la economía sumergida para presionar a la baja los salarios y los derechos laborales del resto de la clase trabajadora.

La supuesta persecución que se está haciendo de los empresarios que no han regularizado a sus trabajadores ha sido puesta en evidencia por la denuncia de los propios inspectores de trabajo, que afirmaron que para llevar a cabo las 500.000 inspecciones, anunciadas por el ministro Caldera, necesitarían... ¡MÁS DE 10 AÑOS!.

Creemos que no se puede hablar de una sociedad democrática cuando existe 1 millón de personas sin ningún tipo de derechos, obligadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud, a ser perseguidos policialmente, internados y deportados. Queremos preguntar, ¿se pueden esconder 1 millón de personas debajo de la alfombra?

Es al conjunto de los trabajadores/as a quiénes nos interesa la plena igualdad de derechos políticos, sociales y laborales, acabando con una división por país de origen que sólo alimenta las ideas xenófobas y racistas en los sectores obreros y populares, y que sólo benefician a los sectores patronales.

Por tanto exigimos una política de inmigración que ponga en pie las siguientes medidas:

- El fin del expolio y la sobreexplotación de los inmigrantes, de la persecución policial, de los centros de internamiento y de las expulsiones.

- La aprobación inmediata de todas las solicitudes en trámite.

- La apertura de un proceso de regularización permanente que ponga en primer lugar a la persona y, que por tanto, se realice sin condiciones.

- La aplicación de la ley a los patronos, prestamistas y mafias que se están enriqueciendo con la explotación y el sufrimiento de los inmigrantes.

- La derogación de la Ley de Extranjería y de su actual reglamento, que son la base legal de esta situación, y que contraviene, al igual que la gran mayoría de las políticas de inmigración de los firmantes del Acuerdo Schengen, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libre circulación.